Estados Unidos llevó a cabo la deportación de 442.637 personas durante el año fiscal 2025, abarcando desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Estas cifras representan las primeras estadísticas oficiales sobre deportaciones divulgadas por la administración de Donald Trump, conocida por su anterior falta de transparencia en la información, que no se había actualizado desde noviembre de 2024. Los nuevos datos, presentados en un informe de justificación presupuestaria para el año fiscal 2027 al Congreso, evidencian que el ambicioso programa de deportaciones no está arrojando los resultados previstos por el presidente republicano, a pesar de ser una prioridad central en su segundo mandato.
Un pilar fundamental de las promesas de campaña de Trump, que le granjeó un amplio apoyo electoral, fue su compromiso de ejecutar la operación de deportación más extensa en la historia del país, estableciendo una meta de un millón de expulsiones anuales.
Sin embargo, las estadísticas sí revelan el notable impulso que la Administración ha inyectado a las expulsiones. En 2025, se registraron aproximadamente 171.000 deportaciones más en comparación con el año fiscal precedente. Esta cantidad incluye el último trimestre de la gestión de Joe Biden, periodo en el que el demócrata intensificó las medidas contra la inmigración irregular, respondiendo a las críticas generalizadas por el ingreso masivo de migrantes durante su período presidencial.
Los datos recién publicados excluyen las denominadas “autodeportaciones”, un mecanismo que el Gobierno busca fomentar como alternativa para inflar los números de expulsiones. Para incentivarlas, ofrece una gratificación de 2.600 dólares, superior a los 1.000 dólares iniciales, a quienes decidan abandonar el país voluntariamente. Expertos advierten sobre la considerable confusión respecto a los criterios para acceder a este beneficio, y se han documentado casos de personas que se fueron por cuenta propia sin recibir el dinero prometido. Aunque no son cifras oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido comunicados en los que afirma que más de dos millones de individuos se han autodeportado. En cuanto a las deportaciones convencionales, en enero se informó que más de 670.000 personas fueron expulsadas durante el primer año de su mandato.
El informe gubernamental publicado contradice la narrativa tan reiterada por la Administración de que sus esfuerzos se centran en deportar a “lo peor de lo peor”. Según sus propios registros, de todas las deportaciones efectuadas en el año fiscal 2025, únicamente 166.939 personas contaban con condenas criminales o enfrentaban cargos penales, lo que representa un modesto 38% del total.
Las detenciones indiscriminadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la brutalidad con la que sus agentes han llevado a cabo las redadas han provocado una amplia desaprobación pública hacia la política migratoria de la Administración, según lo evidenciado por las encuestas. En lugar de delincuentes, los centros de detención del ICE albergan a menudo a personas sin historial delictivo, individuos con estatus de residentes legales y familias enteras con niños que no han cometido ninguna infracción. El informe declara que “El ICE continuará consolidando estos esfuerzos y ha elevado su objetivo anual futuro a 500.000 expulsiones” de delincuentes.
Conforme a datos independientes divulgados por Deportationdata.org, al comparar el semestre previo a la toma de posesión con enero de 2026, las detenciones de personas sin condenas se dispararon en más de ocho veces (8,7 veces); las detenciones de individuos con condenas por delitos no violentos se duplicaron; y las detenciones por delitos violentos experimentaron un aumento superior a un tercio (37%).
El informe gubernamental revela que el promedio diario acumulado de extranjeros indocumentados retenidos en centros de detención concluyó el año fiscal 2025 en 48.706, lo que implica un incremento del 29% respecto al año fiscal 2024. Actualmente, se estima que más de 70.000 personas están detenidas en estos centros, y el objetivo fijado por el Gobierno para el presente año fiscal y el siguiente es alcanzar las 99.000 personas.